La Diplomacia dominicana se ha caracterizado por la selección de sus miembros por amiguismo político, familiar y empresarial, más que por las competencias necesarias para hacer una buena representación y gestión internacional de República Dominicana. La designación de los embajadores dominicanos, en las últimas décadas, ha obviado el profesionalismo de la carrera diplomática que demandan los actuales momentos de globalización y competitividad, limitándose a hacer o a pagar favores políticos o personales.
El conflicto actual, fruto de la Sentencia del Tribunal
Constitucional (TC/0168/13) requiere de una diplomacia racional, negociadora e
inteligente. La nueva dinámica del plan de regularización de los extranjeros
nos exige, como país dignatario de las Naciones Unidas, el cumplimiento de
leyes nacionales e internacionales que no violen los derechos humanos ni
jurídicos de los ciudadanos ni extranjeros.
¿Estará la diplomacia dominicana preparada para la
embestida internacional que conlleva la defensa de nuestro país ante la censura
pública producto de esta decisión del TC? ¿La diplomacia familiar y política
que solo ha usado esta vía para asegurar grupos enquistados en el poder será
capaz de levantar la maltrecha imagen internacional del país? Este es un buen
momento para que el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, trace las líneas de
una verdadera diplomacia dominicana que enaltezca la marca-país sin atropellar
derechos fundamentales de ciudadanos y extranjeros.
En
la campaña electoral, el actual Presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina, prometió revisar y
cambiar la dirección diplomática ya que, al parecer, estaba atada a grupos de
interés. En su discurso de juramentación ante la Asamblea Nacional el 16 de
agosto 2012, el presidente Lic. Danilo Medina dijo: ”Me comprometo a crear una
política migratoria clara y transparente, respetuosa de los Convenios
Internacionales suscritos por República Dominicana en materia de Derechos
Humanos y Derechos de los migrantes y sus familiares”."Implementaremos la
reglamentación de la Ley de Migración, aprobada en el año 2012, y el Plan
Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes".
"Perseguiremos sin descanso los hechos de corrupción de funcionarios y
militares responsables de aplicar las medidas migratorias y aplicaremos todo el
peso de la ley a quienes sean encontrados responsables de trata y tráfico de
personas".
Si
el Presidente y sus funcionarios hubieran asumido la línea ideológica de estas
palabras se habría evitado la crisis nacional e internacional que mantiene el
país censurado en la palestra mundial.
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