Las percepciones son multidimensionales, condicionadas socialmente, por factores sicológicos, culturales, socioeconómicos y ambientales. La percepción de riesgo ambiental abarca el proceso de formación de la imagen del entorno natural y social de un individuo, sus creencias, actitudes, juicios y sentimientos. Estos elementos son reveladores y portadores de un significado trascendente para el individuo y para su comunidad.
La minería es responsable de la violación de un conjunto nada despreciable de derechos. La explotación minera siempre representa un alto riesgo para la población más vulnerable que está alrededor de las áreas de extracción de los yacimientos. Es responsable del envenenamiento de personas y del medio ambiente. Es de las causas directas y subyacentes que mas inciden en la deforestación y la degradación de los bosques y la contaminación de las aguas.
Según recomienda el estudio “La actividad minera en La Vega y las percepciones socioambientales y de riesgo de la población” hecho por las licenciadas Lilia Núñez Moreno, Viviana Tagores, Gisela Ángel Sierra y Natalia Rodríguez en cinco áreas de La Vega , “esta actividad debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo”, algo que no ocurre en nuestro país. Un control estricto puede implicar una prohibición, pero no es lo que funciona, ni acepta el gobierno ni las corporaciones mineras.
La explotación minera a cielo abierto representa un gran peligro para el medio ambiente de la zona que se explota. Además, la población circundante es violentada en su hábitat natural, atropellando su cultura, sus costumbres y sus recursos naturales en un abrir y cerrar los ojos. Trae deforestación de los suelos, alteración del agua, destrucción de hábitats de cientos de especies endémicas, contaminación del aire y constituye una causa grave de enfermedades respiratorias, dermatológicas y de asfixia de plantas y árboles.
La sociedad de La Vega no se ha empoderado de su pasivo ambiental. La dádiva que reciben las instituciones y medios de comunicación que deberían representar a los ciudadanos silencia este crimen ecológico impidiendo que la población sea informada sobre el impacto de la explotación, que genera estas operaciones en términos ambientales y sociales.
Las poblaciones que habitan en las zonas mineras tienen el derecho de ser informadas para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma que garantice el mantenimiento de los ecosistemas, la conservación ambiental y la justicia social.
La ciudad de La Vega verá terrazas de grandes fosas anchas y profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. Los recursos naturales no son de un gobierno, son de su pueblo que debe ser involucrado en su daño futuro y sólo él puede decidir, ¡despertemos de esta inercia social y política!
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